SOBERANIA NACIONAL
Honduras ocupa un lugar geográfico privilegiado en el continente americano. Ubicado en el corazón de Centroamérica, tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico; posee límites terrestres con tres países y límites marítimos con nueve; es esencialmente montañoso y tiene una extensa superficie cubierta de bosques. En su territorio vive una población que es producto del mestizaje, de la cual un 8% está constituida por pueblos indígenas y negros, lo que la vuelve multiétnica, pluricultural y multilingüe.
La población hondureña tiene costumbres, valores y tradiciones que se han conservado en el tiempo, aunque han experimentado la influencia de los cambios políticos, económicos y culturales que se han producido en el mundo, situación que moldea su identidad y afirma su valoración del pasado, presente y futuro. Honduras, con su territorio, su población y su forma de gobierno republicana, democrática y representativa, se abre al mundo, forma parte del sistema internacional y sostiene relaciones con muchos países con los que comparte esfuerzos y lazos de solidaridad, conservando su condición de país soberano.
Como tal, posee intereses y objetivos nacionales que responden a los requerimientos de independencia, soberanía, integridad territorial y desarrollo material, político y cultural, contemplados en la Constitución de la República, los cuales son garantizados por el Estado a través de la función de defensa
LOS FUNDAMENTOS Y LAS CARACTERÍSTICAS
La nación es una comunidad humana establecida por vínculos de idioma, cultura, historia y territorio. El Estado se constituye por tres elementos fundamentales: territorio, población y gobierno. Estos elementos, articulados alrededor de intereses y objetivos comunes, dan lugar a la organización del Estado y a lo que se conoce como Estado Nación.
El Estado se crea para la defensa y el bienestar del conjunto poblacional en función del cual se ha integrado. Lo anterior queda claramente establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República, que señala "Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social". El Estado hondureño tiene la obligación de velar por la integridad de su territorio y asegurar a sus habitantes el acceso al bienestar, preservando los valores, intereses y objetivos nacionales, establecidos en la Constitución de la República.
GOBIERNO
El artículo 2 de la Constitución de la República, establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. El Estado de derecho se expresa, fundamentalmente, en el imperio de la Ley; su sometimiento a ella favorece la convivencia social y garantiza la continuidad y la permanencia del Estado.
El artículo 4 constitucional enuncia que "la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria".
En el artículo 5 se amplía este precepto, precisando que "el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional".
El poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, con el apoyo de sus secretarios de Estado incluidos en el Gabinete de Gobierno. El poder Legislativo se ejerce por un Congreso Nacional, constituido por 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, y el poder Judicial, se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados y demás dependencias que señala la Ley.
El Estado hondureño presenta un avance importante en materia de transformación y modernización: destaca su condición humanista, soberana, incluyente y de cohesión social, y reconoce que la institucionalización de los partidos políticos, legalmente inscritos y el equilibrio de poderes, han tenido una incidencia positiva en la gobernabilidad democrática del país.
LOS INTERESES Y OBJETIVOS NACIONALES
Los intereses nacionales son las aspiraciones comunes permanentes que constituyen las condiciones en que la sociedad desea convivir, tanto en lo interno como en lo externo. Se definen en términos de carácter general y están estrechamente vinculados a valores y aspiraciones compartidas por la sociedad hondureña, como la democracia, la justicia, el desarrollo humano sostenible, la solidaridad, la paz, entre otros.
El interés nacional es una categoría general que integra a todos los intereses particulares y expresa lo que el Estado trata de alcanzar y proteger. El interés nacional o aspiración común permanente, al cotejarse con la realidad nacional e internacional, se transforma en objetivos nacionales.
De aquí que los objetivos nacionales son una expresión concreta de los intereses nacionales, definidos en términos de situación por alcanzar. El Preámbulo de nuestra Constitución enuncia las siguientes aspiraciones nacionales:
- El fortalecimiento del Estado de Derecho
- El logro de una sociedad política, económica y socialmente justa
- La plena realización de la persona humana
- La obtención de justicia, libertad y seguridad para todos
- El logro de la estabilidad y la paz
- El fortalecimiento del pluralismo y la democracia representativa
- La búsqueda del bien común
- La restauración de la unión centroamericana.
Los objetivos nacionales se derivan de las aspiraciones nacionales y están relacionados con los intereses nacionales, convirtiéndose en elementos básicos que rigen la vida del Estado hondureño. En el sector defensa, su responsabilidad se centra en velar por la protección de la soberanía e integridad territorial; con esa finalidad busca fortalecer instancias de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y, específicamente, entre la Política Exterior y la Política de Defensa.
Los objetivos nacionales buscan las aspiraciones fundamentales de independencia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, bien común y preservación de los valores de la sociedad. La Constitución de la República establece los siguientes objetivos nacionales permanentes:
- Defender la soberanía nacional, la independencia e integridad territorial, ante cualquier amenaza
- Fortalecer el sistema democrático, representativo y participativo;
- Fortalecer el sistema educativo y promover el desarrollo de la ciencia y la cultura
- Reducir la pobreza y eliminar la pobreza extrema
- Promover la correcta administración del sistema de justicia
- Asegurar a toda la población el acceso a los servicios básicos
- Combatir la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia juvenil y la delincuencia común;
- Asegurar la existencia de instituciones de defensa y seguridad pública respetuosas de la ley, modernas y profesionales;
- Promover la conservación y protección de los recursos naturales
- Impulsar el desarrollo socioeconómico de zonas fronterizas
- Fortalecer los sistemas de cooperación y de integración regional y hemisférica
- Delimitar y demarcar todas las fronteras marítimas y terrestres.
El Estado debe promover procesos de diálogo que permitan el consenso en torno a los objetivos nacionales y una visión compartida y concertada de país.
Solo de manera colectiva puede asegurarse la defensa, promoción y realización de nuestros intereses y objetivos nacionales.
LA FUNCIÓN DE DEFENSA
El Estado tiene como funciones primarias las de gobierno interior, relaciones exteriores, obtención y asignación de recursos financieros, administración de justicia y defensa nacional. Respecto a la función de defensa, su propósito general es proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del Estado para el ejercicio de su soberanía frente a las amenazas que afecten los intereses de la nación. También es su propósito apoyar el logro de los objetivos nacionales en el ámbito internacional.
El Estado debe poseer los medios de la defensa nacional para dar protección a la población, al territorio, a los bienes y a las actividades que se desarrollan dentro de las fronteras nacionales, y para apoyar la gestión de la Política Exterior del país.
Las Fuerzas Armadas son el soporte del poder defensivo del país y conforman el órgano militar con el que el Estado materializa su función de defensa, entendida como un esfuerzo colectivo expresado en actividades para garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial. Es importante destacar que la defensa es una tarea nacional que involucra al conjunto del potencial de la nación, dirigida desde su nivel político, y no es exclusivamente una función militar.
A las tareas de la defensa externa se agregan, en los tiempos modernos, las de cooperación internacional. Además de las razones humanitarias y legales que explican las tareas de cooperación (en especial las Operaciones de Paz), un Estado contribuye a su propia seguridad al concurrir a este tipo de actividades.
Esto es importante porque este tipo de cooperación fortalece el multilateralismo y contribuye a crear un entorno de seguridad que hace más estable y seguro el desarrollo del país. Esta cooperación debe regirse por el Derecho internacional, tanto en su contenido como en su forma, por lo que solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano competente para definir en qué situaciones es legítima la presencia de fuerzas multinacionales.
Las Fuerzas Armadas existen para disuadir o enfrentar las amenazas y asegurar el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. El monopolio del uso legítimo de la fuerza le corresponde al Estado. Este principio se refiere a la función de coacción o fuerza, que es uno de los medios que el Estado utiliza para garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad. La utilización de la fuerza se relega a una última instancia, cuando fallan todos los mecanismos pacíficos.
En el ámbito externo, la defensa para enfrentar una situación conflictiva solo debe producirse en caso de agresión. En el ámbito interno, la utilización de los medios de defensa debe producirse para garantizar la estabilidad del Estado, cuando este se vea amenazado y cuando las fuerzas policiales no puedan garantizar la seguridad de las instituciones y el orden público, pero este accionar debe ser llevado a cabo conforme a las leyes que al respecto dicte el poder político.
En un Estado de Derecho se ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza para garantizarle a la ciudadanía el disfrute del bienestar y la tranquilidad. Esto conlleva tres elementos fundamentales:
- 1. La subordinación de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales a la autoridad legítimamente constituida
- 2. La necesidad de garantizarle a la ciudadanía el debido control democrático de las instituciones encargadas de la defensa y de la seguridad; y
- 3. La imposibilidad de que cualquier grupo o movimiento, fuera del Estado, intente romper ese monopolio, porque sería el principio de la anarquía y la imposición de criterios sectarios por la fuerza.
El recurso de la fuerza, y de su uso como última instancia, es un medio indispensable para conseguir el objetivo mínimo de un gobierno, que es la conservación de las condiciones que salvaguarden la convivencia pacífica. Esa convivencia es básica para lograr los demás fines, ya que sólo en una situación pacifica el poder político puede llevar a cabo con buen suceso las actividades relacionadas con la conducción y administración del Estado.